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RESUMEN
El subsidio al sector eléctrico en República Dominicana se ha convertido en una sangría constante para las finanzas públicas, sin que el pueblo reciba a cambio un servicio digno. Según datos publicados por el periódico El Día, por Dilenni Bonilla, quien expresa que durante los primeros tres meses de este 2025, el Estado ha tenido que aumentar en más de 500 millones de pesos el subsidio destinado a las distribuidoras eléctricas (EDE), en comparación con el mismo período de 2024.
¿La razón? Las pérdidas energéticas han alcanzado el alarmante 37.4 % en febrero. Una cifra escandalosa que habla de ineficiencia estructural, descontrol administrativo y ausencia de rendición de cuentas. Es el mismo drama de siempre, una historia repetida donde el pueblo es el único que pierde.
Mientras tanto, millones de dominicanos pagan una de las energías más caras del continente, sufriendo apagones diarios, fluctuaciones de voltaje que dañan sus electrodomésticos, y una atención al cliente que muchas veces raya en la negligencia. Y por si fuera poco, también somos los que financiamos las pérdidas de las EDE con nuestros impuestos. ¿Dónde está el límite? ¿Quién se atreve a defender los derechos del ciudadano común?
Este no es solo un problema económico, es un problema ético y político. ¿Hasta cuándo el pueblo dominicano deberá cargar con el peso de la ineficiencia? ¿Quién responde por los recursos que se van sin retorno, por los presupuestos que se esfuman en empresas que operan sin resultados visibles?
Es hora de exigir transparencia, justicia y una reestructuración profunda del sistema eléctrico nacional. Porque un país que no puede garantizar un servicio eléctrico estable, eficiente y justo, es un país que limita su propio desarrollo. El pueblo merece respuestas. Y merece acción.

