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RESUMEN
En medio del agravamiento de la crisis haitiana, se alzan nuevamente voces —principalmente del sector empresarial— solicitando un nuevo plan de regularización de extranjeros. Sin embargo, esta propuesta no sólo es injusta, sino también irresponsable.
La República Dominicana ya implementó en 2013 el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), tras la histórica sentencia TC-0168-13 del Tribunal Constitucional. A través del Decreto No. 327-13, se concedió un plazo de 18 meses para que miles de extranjeros, en su mayoría haitianos, pudieran regularizar su estatus migratorio. Este proceso benefició a más de 249,000 personas, a quienes se les otorgaron documentos legales con categorías migratorias definidas. ¿El costo? Más de US$50 millones, pagados por el pueblo dominicano.
Hoy, a pesar de este monumental esfuerzo, se pretende imponer otro plan… mientras los empresarios que se benefician de esta fuerza laboral miran hacia otro lado cuando se trata de asumir los costos.
No podemos seguir permitiendo que la generosidad dominicana se convierta en una carga insostenible. Actualmente, el país destina aproximadamente el 30% del Presupuesto General del Estado a servicios esenciales para nacionales haitianos: salud, educación, asistencia social. ¿Hasta cuándo se nos pedirá más?
La solución no es repetir los errores del pasado, sino aplicar la ley, defender nuestras instituciones y proteger nuestros recursos. La República Dominicana ya cumplió con creces. Hoy decimos con responsabilidad y patriotismo:
¡No a un nuevo plan de regularización!
