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RESUMEN
SANTO DOMINGO. Un tenso y hasta ahora desconocido altercado diplomático tuvo lugar a puertas cerradas en la sede de la Junta Central Electoral (JCE) la mañana del 26 de noviembre de 2015. El entonces embajador de los Estados Unidos en el país, James «Wally» Brewster, irrumpió de manera abrupta en el despacho del presidente de la institución, Roberto Rosario Márquez, originando un fuerte intercambio de palabras en el que se profirieron acusaciones mutuas de falsedad, en el marco de la política registral dominicana tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
El incidente, que se mantuvo bajo estricta reserva institucional y no fue difundido a los medios en su momento, contó con la presencia de un «testigo de excepción» del área de comunicaciones de la JCE, así como de delegados internacionales, entre ellos el embajador de la Unión Europea, Alberto Navarro, y la encargada política de la delegación estadounidense, Stacey L. Maupin.
Una entrada abrupta y sorpresiva
De acuerdo con los testimonios de los hechos, el embajador estadounidense se presentó en la JCE y, evadiendo los protocolos habituales de recepción y anuncio, ingresó directamente y de forma sorpresiva a la oficina presidencial.
Tras un breve saludo de cortesía por parte de Rosario Márquez, la atmósfera del encuentro se tornó tensa de inmediato. Al ser consultado sobre el motivo de su aparente molestia, el diplomático estadounidense reclamó de forma directa:
«Usted me habló mentiras y me puso a hablar mentiras a mis superiores en el Departamento de Estado de los Estados Unidos».
Ante la gravedad del señalamiento, el presidente de la JCE reaccionó con firmeza, interrumpiendo al diplomático:
«Usted es más mentiroso que yo… y tiene que demostrarme eso que me está diciendo».
Debate por el registro civil y los derechos humanos
El origen de la disputa radicaba en las denuncias presentadas ante Washington por diversas organizaciones de la sociedad civil. Según Brewster, dichas entidades acusaban a la JCE de violar los derechos de más de 55,000 ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana al negarles la documentación de identidad, contradiciendo los informes previos que el propio Rosario le había suministrado.
Por su parte, Rosario Márquez defendió las ejecutorias del tribunal electoral, argumentando que la institución actuaba en estricto apego a la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y a la Ley 169/14 aprobada por el Congreso Nacional, normativas que regulan el Registro Civil respecto a los hijos de extranjeros en condición irregular. El funcionario dominicano exigió formalmente la presentación de expedientes específicos que sustentaran las quejas y rechazó dar validez a informes anónimos o externos.
Ruptura de canales directos
El punto álgido del encuentro derivó en una fractura de la comunicación bilateral directa entre ambos funcionarios. Rosario Márquez se negó a entregar de manera personal unos folios informativos al embajador, indicando que los remitiría formalmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).
«Usted no cree en mí y yo no confío en usted. A partir de ahora yo no me reúno con usted si no está presente el Canciller», sentenció el titular de la JCE, dando por terminado el debate de fondo.
Desenlace y repercusiones posteriores
Hacia el final de la audiencia, la tensión disminuyó ligeramente mediante una salida diplomática protocolar. El presidente de la JCE se comprometió a instalar de manera urgente una delegación especial de la institución en la sede de la Cancillería dominicana, con el objetivo exclusivo de recibir, revisar y canalizar cualquier denuncia o caso de interés de la embajada norteamericana relacionado con el registro civil.
A pesar de que el encuentro finalizó formalmente en buenos términos, las repercusiones políticas del altercado se hicieron evidentes meses más tarde. En un hecho que marcó las relaciones exteriores de la época, la embajada de los Estados Unidos procedió a la cancelación del visado norteamericano al magistrado Roberto Rosario Márquez, una medida que los analistas de la época vincularon directamente con el deterioro de las relaciones institucionales evidenciado en este choque formal.
