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RESUMEN
La pregunta es clara: ¿puede el desarrollo urbano prescindir de su base ecológica? ¿Y quién protege lo que ya está protegido por ley?
En momentos en que Santo Domingo enfrenta uno de los mayores retos urbanos de su historia —el colapso del tránsito, la escasez de áreas verdes y la necesidad de soluciones sostenibles— el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso vuelve al centro del debate.
Una propuesta de infraestructura vial, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, plantea la construcción de un túnel y la ampliación de carriles sobre la avenida República de Colombia, justo frente a este pulmón verde. La ejecución implicaría la reducción de más de 11 mil metros cuadrados del Jardín Botánico, que afecta zonas científicas clave, hábitats naturales y parte del Herbario Nacional.
La pregunta es clara: ¿puede el desarrollo urbano prescindir de su base ecológica? ¿Y quién protege lo que ya está protegido por ley?
El valor estratégico
Desde su inauguración en 1976, el Jardín Botánico ha funcionado como una reserva de biodiversidad, un centro educativo, un regulador climático urbano y un punto de equilibrio ambiental para la ciudad.
Recibe medio millón de visitantes al año, alberga más de 140 mil especímenes botánicos únicos del Caribe y mantiene viveros de especies nativas vitales para la reforestación nacional.
No se trata solo de belleza escénica: su valor es ecológico, científico, económico y social. Es una infraestructura verde de primer orden.
Un túnel con alto costo ambiental
La propuesta vial en evaluación contempla un túnel de 580 metros que conectaría la Av. República de Colombia con la Jacobo Majluta. Aunque las autoridades aseguran que el proyecto aún está bajo evaluación ambiental, técnicos ya marcaron el perímetro del Jardín en julio de 2025.
Las zonas en riesgo incluyen el parqueo principal, el jardín de frutales, el vivero, la colección de cactus y áreas de recarga de acuíferos. ¿La compensación? Trasladar esos espacios detrás del muro perimetral.
Pero según expertos, eso es inviable tanto desde el punto de vista técnico como ecológico.
“No se puede compensar un ecosistema moviéndolo como una maqueta. Aquí hay cañadas, pozos y corredores biológicos. El daño sería irreversible”, advirtió el arquitecto y urbanista Marcos Barinas.
Lo que está en juego: legalidad, confianza y modelo de ciudad
El Jardín Botánico está protegido por varias normativas:
- Ley 456-76 que lo crea como patrimonio científico nacional.
- Ley 64-00 de Medio Ambiente, que prohíbe reducir áreas protegidas.
- Ley 202-04 de Áreas Protegidas, que garantiza su intangibilidad.
- Ley 176-07 de Municipios, que declara protección y gestión de las áreas verdes públicas.
- Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, que anula cualquier intervención que contradiga un plan territorial vigente.
- La Constitución Dominicana, que en su artículo 67 establece el principio de no regresión ambiental.
- Es decir, la reducción del Jardín sería no solo insostenible, sino ilegal.
¿Quién toma las decisiones? ¿Y cómo?
Hasta el momento, ni el Ministerio de Medio Ambiente ni Obras Públicas han presentado estudios de impacto, planos definitivos o cronogramas. La información ha fluido solo por presión ciudadana y mediática, lo cual compromete la transparencia institucional.
El presidente Luis Abinader, ante la creciente inquietud, ordenó una evaluación técnica “rigurosa” y conjunta de ambas instituciones, asegurando que no se tomará ninguna decisión sin agotar el debido proceso. La verdadera distopía es que el Gobierno solo da explicaciones cuando ya la indignación estalla.
Sin embargo, las acciones precedieron a los estudios: las estacas ya están colocadas, y las autoridades del Jardín aseguran que nunca fueron notificadas formalmente.
De la protesta a la propuesta: visión urbana sostenible
Este caso no debe verse como una simple pugna entre tránsito y áreas verdes, sino como una oportunidad para redefinir a presente y futuro el modelo de desarrollo urbano en República Dominicana.
