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RESUMEN
Fue con el «cuco» de la Pepca rondando, que algunos comenzaron a regularizar su situación… casi un año después de ser electos o de haber dejado el puesto
Y fue entonces, con el «cuco» de la Pepca rondando, que algunos comenzaron a regularizar su situación… 16 meses después de ser electos o de haber dejado el puesto.
El informe que la Cámara de Cuentas remitió el pasado 25 de abril de 2025 a la procuradora Yeni Berenice Reynoso detalla que 1,591 personas electas o reelectas y 1,644 salientes o que cesan no cumplieron en el plazo legal para entregar la declaración jurada de patrimonio.
Una cifra insignificante si se considera que más de 1,591 electos permanecían, hasta el pasado abril, en falta.
En ese contexto, llama la atención que la Cámara de Cuentas saliera a celebrar el pasado 17 de junio un «exitoso operativo de presentación de declaración jurada«, en el que, según su propia nota de prensa, hubo una «masiva» asistencia de funcionarios a la sede del órgano fiscalizador.
Lo que no dijo la nota es que muchos de esos funcionarios estaban allí después de que se les moviera el piso con una carta dirigida a la procuradora Yeni Berenice Reynoso Gómez, con atención a Mirna Ortiz, procuradora adjunta de la Pepca.
Los funcionarios electos deben presentar su declaración jurada en los primeros 30 días después de asumir el cargo; los salientes, dentro de los 30 días posteriores al cese.
Sin embargo, los datos muestran que, más de un año después del cambio de mando en los ayuntamientos y distritos municipales, que se produjo en abril de 2024, miles de funcionarios y exfuncionarios seguían incumpliendo este deber legal, pese a que la Ley 311-14 y la Ley de Función Pública 41-08 consideran esta omisión como una falta grave.
En el nivel de distritos municipales, la omisión alcanza a 137 de los 235 directores, los 235 subdirectores y 525 de los 735 vocales electos. Estos datos confirman, a nivel municipal, una falta generalizada de cumplimiento con la obligación legal de declarar el patrimonio al asumir el cargo.
El caso de los salientes es todavía peor: 83 alcaldes no entregaron su declaración final. Además, 124 vicealcaldes, 769 regidores, 129 directores municipales y 539 vocales salientes tampoco presentaron. Como si al salir de las alcaldías se desconectaran.
Evidentemente, a nivel municipal, la Ley 311-14 ha sido ignorada de manera sistemática, sin que se apliquen sanciones en contra de ninguno de ellos. Y si hay alguna sanción, no se ha dado a conocer constancia de sanciones efectivas, ni de suspensiones o inhabilitaciones por parte de los organismos de control. Tampoco los partidos políticos han emitido rapapolvos a sus miembros.
A nivel congresual
Se recuerda que, a nivel congresual, unos 36 diputados electos tampoco depositaron la declaración jurada de patrimonio a tiempo.
La lista de diputados incluye 21 del Partido Revolucionario Moderno, seis de la Fuerza del Pueblo y cinco del Partido de la Liberación Dominicana, además de legisladores del Partido Demócrata Institucional, Demócrata Popular, Partido Humanista Dominicano y un diputado sin partido declarado.
A los diputados hubo que amenazarlos con no pagarles el salario. ¿Cuántos se habrán puesto al día después de la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco?
¿De qué sirve la ley?
A todos los niveles, pero principalmente en el nivel municipal, la Ley 311-14 ha sido ignorada de manera sistemática por decenas de funcionarios, sin consecuencias reales. No hay constancia de sanciones efectivas, ni de suspensiones o inhabilitaciones por parte de los organismos de control.
Cada ciclo electoral repite el mismo patrón: se proclama el compromiso con la transparencia, pero en la práctica, los funcionarios incumplen, pasan los meses y la norma queda en el papel.
Y cuando el órgano fiscalizador, que por ley debería ser más riguroso, termina organizando operativos para «motivar» el cumplimiento 10 meses tarde, uno no puede evitar preguntarse: ¿para qué sirve una ley que no se hace cumplir, ni siquiera por quienes deben fiscalizarla?
La respuesta quizá la dio el propio operativo del pasado 14 de junio: cuando se supo que la Procuraduría estaba ya al tanto, aparecieron algunos en la Cámara de Cuentas. Pareciere que no por deber cívico, sino por miedo a terminar en un expediente.
