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RESUMEN
El aumento del porte y la circulación de armas de fuego ilegales en la República Dominicana ha encendido las alarmas en el Congreso Nacional, donde legisladores advirtieron sobre las fallas en los controles estatales y el ingreso constante de armamento por la frontera y otros canales, como las empresas de envíos, pese a las restricciones vigentes.
Mientras continúan registrándose hechos violentos vinculados al uso de armas de fuego ilegales, legisladores cuestionaron la efectividad de la actual legislación y señalaron que el problema no radica en la falta de leyes, sino en las debilidades para aplicarlas y en los mecanismos que permiten el ingreso de armamento al país.
El senador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao Durán, agregó que, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades, persisten puntos vulnerables en el país que deben ser reforzados para evitar el ingreso de armas de fuego, entre ellas pistolas y fusiles de alto calibre.
“Existe un problema grande en la República Dominicana de porte y tenencia de armas ilegales, a pesar de las restricciones que existen en la legislación, que es bastante fuerte. Se siguen ingresando centenares, miles, decenas de miles de armas de fuego por año que se incorporan a la cantidad que tenemos”, especificó el legislador.
“Uno de los problemas más grandes es que la frontera sigue siendo la principal fuente de ingreso de las armas, y ahora hay otro elemento, que son los tanques y los envíos, a través de los cuales vienen armas ocultas en alimentos y otros artículos”, sostuvo.
De su lado, el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmó que el uso de armas de fuego y municiones ilegales no sería posible sin el respaldo de sectores que se benefician de su comercialización.
“Es lamentable el hecho de esos acontecimientos que se dan constantemente con armas ilegales. Lo preocupante es que no se observan políticas públicas claras del Ministerio de Interior y Policía orientadas a enfrentar esta situación”, señaló Raposo.
Indicó que no hay forma de traficar armas ilegales sin el involucramiento de terceros.
Por su parte, el senador Gustavo Lara, también del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reconoció las debilidades del sistema y recordó a quienes infringen la normativa que, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, se aplicarán sanciones ejemplarizadoras.
“Yo creo que con el nuevo Código Penal hay un endurecimiento drástico de las penas (…) son armas ilegales, muchas de las cuales tienen tiempo en el país”, indicó, al tiempo que destacó que se han endurecido “los procedimientos en Aduanas para evitar el trasiego de armas de fuego, especialmente las provenientes desde Haití, que era el mecanismo que utilizaban quienes portan este tipo de armas ilegales”, subrayó Lara.
Recomendaciones de los legisladores
Entre las recomendaciones planteadas por los legisladores, el senador Rogelio Genao propuso la necesidad de realizar un ejercicio profundo como sociedad y adoptar medidas orientadas a desarmar a una parte significativa de la población. En ese sentido, planteó que el uso de armas de fuego esté limitado únicamente a las personas que realmente las necesitan para proteger sus bienes, además de establecer una clara diferenciación entre el porte y la tenencia.
Por su parte, el senador Gustavo Lara consideró necesario fortalecer los mecanismos de verificación de los registros de las personas que no han actualizado sus permisos de porte y tenencia de armas. A su entender, el Estado debe fiscalizar de manera más estricta a quienes no regularicen su estatus, una vez vencidos sus permisos.
Marco legal y panorama de las armas registradas
Aunque la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula estrictamente la tenencia y el porte de armas de fuego, las cifras oficiales reflejan una amplia presencia de armamento en manos de civiles. Al cierre de 2025, el país registraba 245,396 armas de fuego debidamente autorizadas.
Dentro de ese universo, la pistola se mantiene como el arma de mayor circulación legal, con unas 150,000 personas habilitadas para portarla. Sin embargo, legisladores advierten que la realidad supera los registros formales, al asegurar que la cantidad de armas ilegales en manos de civiles podría duplicar la de aquellas que cuentan con permisos.
La regulación de este sector está sustentada en la Ley 631-16 de Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Para el senador Ramón Rogelio Genao, no obstante, la aplicación de esta normativa ha generado un desequilibrio: mientras endurece los procesos para los ciudadanos que cumplen la ley y buscan protegerse, resulta insuficiente para frenar a quienes utilizan armas de fuego de manera ilegal, incluso para resolver conflictos cotidianos con consecuencias fatales.
Fuente: N Digital
