Incumplimiento de la Ley 311-14: una burla institucional que erosiona la confianza ciudadana

En la República Dominicana, el incumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio por parte de legisladores y alcaldes se ha transformado, lamentablemente, en una práctica reiterada que raya en la burla institucional. De acuerdo con datos ofrecidos por la Cámara de Cuentas, muchas de estas autoridades aún no han presentado su declaración jurada, ni al asumir sus cargos ni al concluir su mandato, violando de forma abierta una responsabilidad legal y ética fundamental.

Lo más preocupante es que quienes deben ser los primeros guardianes del cumplimiento de la ley —los legisladores, que representan el primer poder del Estado y que tienen el mandato de fiscalizar el uso de los fondos públicos— son los primeros en incumplir. Su falta de ejemplo debilita el Estado de derecho y lanza un mensaje peligroso: que las leyes son solo sugerencias cuando se ostenta poder.

Las justificaciones ofrecidas resultan ofensivas para la inteligencia ciudadana. Algunos culpan a fallas tecnológicas en la plataforma; otros, con una franqueza inquietante, confiesan que simplemente no les ha dado la gana. El caso del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, raya en el absurdo: alegar que no ha podido presentar su declaración por tener 26 hermanos no solo resulta ridículo, sino que ofende a quienes sí cumplen sus deberes a pesar de enfrentar situaciones más complejas.

Ante esta situación vergonzosa, urge una reforma profunda y contundente a la Ley No. 311-14 y a la Ley No. 41-08 de Función Pública. Es necesario que se establezcan sanciones ejemplares: desde la suspensión temporal del cargo hasta la inhabilitación para ocupar funciones públicas o aspirar a cargos electivos. Basta de impunidad adornada con excusas.

Por todo ello, hacemos un llamado firme y urgente a la Dra. Milagros Ortiz Bosch, directora de la DIGEIG; al ministro de Administración Pública; a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados; y al presidente de FEDOMU, para que lideren una cruzada por la transparencia. La confianza ciudadana no resiste más indiferencia ni simulaciones. Es hora de asumir con responsabilidad el compromiso con la ética pública.