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RESUMEN
La decisión de Estados Unidos de poner fin al Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de haitianos vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que la comunidad internacional suele evitar: ¿por qué las deportaciones ejecutadas por las grandes potencias se presentan como actos legítimos de soberanía, mientras medidas semejantes adoptadas por la República Dominicana son calificadas, casi automáticamente, como expresiones de racismo y xenofobia?
En junio de 2026, la Suprema Corte estadounidense permitió que la Administración terminara el TPS concedido a aproximadamente 350,000 nacionales haitianos. La medida no significa que todos hayan sido deportados inmediatamente, pero sí implica la pérdida de la protección contra la expulsión y de los permisos de trabajo vinculados al programa para quienes no posean otro estatus migratorio.
El TPS es una protección humanitaria provisional. Estados Unidos puede concederla a personas procedentes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o circunstancias extraordinarias que impidan un retorno seguro. Mientras permanece vigente, sus beneficiarios pueden residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense. Sin embargo, no constituye residencia permanente ni conduce automáticamente a la ciudadanía.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, Estados Unidos posee la facultad soberana de definir su política migratoria. Pero esa soberanía no es absoluta: debe ejercerse respetando el debido proceso, la dignidad humana, el principio de no devolución y las obligaciones internacionales de protección. Esta misma regla debe aplicarse, sin privilegios ni excepciones, a la República Dominicana.
El Estado dominicano también tiene derecho a controlar sus fronteras, determinar las condiciones de entrada y permanencia de extranjeros y deportar a quienes se encuentren irregularmente en su territorio. Reconocer esa competencia no equivale a justificar expulsiones colectivas, discriminación racial, separación arbitraria de familias o actuaciones contrarias a la dignidad humana. La soberanía y los derechos humanos no son conceptos enemigos: la primera encuentra límites jurídicos en los segundos.
El problema surge cuando determinados organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales aplican criterios distintos según el país que ejecuta la medida. Frente a las deportaciones dominicanas aparecen rápidamente acusaciones de racismo, xenofobia y antihaitianismo. Frente a la decisión estadounidense, en cambio, el lenguaje suele desplazarse hacia expresiones más cautelosas: política migratoria, terminación de un programa temporal o ejercicio de facultades gubernamentales.
La crítica a esa inconsistencia es legítima. Pero sería un error responder reproduciendo la misma indiferencia que se cuestiona. La situación haitiana constituye una tragedia humana: violencia armada, desplazamiento, hambre, debilidad institucional y deterioro de los servicios esenciales. Enviar personas hacia ese escenario plantea dilemas jurídicos y morales que no desaparecen invocando únicamente la soberanía.
La República Dominicana ha soportado durante décadas una presión migratoria, sanitaria, educativa y presupuestaria desproporcionada respecto de su tamaño y capacidad económica. Sus hospitales atienden a miles de pacientes haitianos; sus escuelas reciben una población estudiantil extranjera creciente, y sus instituciones fronterizas operan bajo una tensión permanente. Esa solidaridad tiene valor, pero no puede convertirse en una obligación ilimitada ni utilizarse como excusa para que otros Estados eludan sus responsabilidades.
La solución de la crisis haitiana no puede descansar sobre los hombros de la República Dominicana. Corresponde a la ONU, la OEA, Estados Unidos, Canadá, Francia y los demás actores con capacidad política y financiera cumplir las promesas de cooperación, respaldar la restauración de la seguridad y contribuir a la reconstrucción institucional de Haití.
La solidaridad debe ser compartida. Las garantías jurídicas también. Si deportar constituye una manifestación legítima de soberanía cuando lo hace Estados Unidos, debe reconocerse esa misma facultad a la República Dominicana, siempre que actúe de manera individualizada, legal y respetuosa de los derechos humanos.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿la comunidad internacional está realmente defendiendo a los haitianos o simplemente exige que la República Dominicana cargue con una crisis que las grandes potencias no están dispuestas a asumir?