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RESUMEN
La Federación Dominicana de Comerciantes Inc. (FDC), junto a la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales (CADECO) y la Asociación de Propietarios de Centros de Belleza del Distrito Nacional y Santo Domingo, denuncia públicamente las irregularidades cometidas en las propiedades comerciales del Centro de Belleza PAHIES BY M & Y en el Distrito Nacional.
A continuación transcripción compleja del comunicado por parte de la FDC:
El Comercio organizado de la República Dominicana aglutinado en la Federación Dominicana de Comerciantes Inc. Compuesta por 432 asociaciones de comerciantes de todas las ramas del comercio y con una membresía de 63,200 afiliados, y su asociada Asociación de Propietarios de Centro de Belleza del Distrito Nacional y Santo Domingo, llama la atención al Honorable Presidente Luis Abinader Corona, a las autoridades de la Alcaldía del Distrito Nacional y al país, del abuso a que han sido sometidas las propietarias del Centro de Belleza PAHIES BY M & Y, por la Policía Municipal, asignados a Espacios Públicos, vulnerando el derecho al libre comercio, aun cumpliendo con la Resolución 85-09, modificada por la Ordenanza 10/20 de fecha 10 noviembre del 2020, en la cual se especifica que se permite comercio a baja escala, Ordenanzas que cumple en demasía PAHIES BY M & Y, ya que la misma establece que cualquier inmueble que supere los 610 metros está capacitado para actividades comerciales de mayor densidad de utilidad, y este inmueble tiene 720 metros. Es preciso resaltar que este inmueble se utilizó por más de 11 años como colegio, y como pruebas están las facturas de pagos y arbitrios a la Alcaldía del Distrito Nacional donde se establece el uso comercial del inmueble, por lo cual, cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y normativas urbanísticas municipales.
PAHIES una empresa MIPYMES MUJER. Contribuye con la creación de empleos de calidad a más de 50 familias dominicanas, y es nuestro deber apoyar estas iniciativas de empleos formales que contribuyen al desarrollo de nuestro país.
Las autoridades del país, nacionales, municipales, judiciales y policiales, tienen el deber de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos del país, que cumplen con las leyes, normas y resoluciones que rigen nuestro país.

