Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN
Pregunta incómoda: ¿cuántos recién nacidos deben morir en una maternidad pública para que el Estado deje de explicar las cifras y comience a rendir cuentas?
La noticia estremeció al país: entre el 1 y el 24 de agosto de 2026 murieron 17 recién nacidos en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia. Durante ese período se registraron 266 nacidos vivos y 90 ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Quince bebés presentaron hemocultivos positivos para Klebsiella o Serratia, bacterias multirresistentes, y tres de ellos fallecieron. Según el Servicio Nacional de Salud, las otras 14 muertes estuvieron asociadas principalmente a prematuridad extrema, anomalías congénitas complejas e hipertensión pulmonar.
Pero lo que está realmente en juego no es solamente la diferencia entre 17 y las 30 muertes denunciadas inicialmente. Tampoco se reduce a determinar si tres fallecimientos estuvieron relacionados con infecciones y los demás con condiciones clínicas graves. Está en juego la capacidad del sistema público de salud para prevenir riesgos, detectar oportunamente un brote, proteger a pacientes extremadamente vulnerables y ofrecer información verificable a sus familiares y a la sociedad.
La Constitución dominicana no reconoce la salud como una promesa administrativa. Su artículo 61 la consagra como un derecho fundamental y obliga al Estado a garantizar la protección integral de la salud. A esto se añaden la dignidad humana, reconocida en el artículo 38, y la protección reforzada de la niñez establecida en el artículo 56. En una unidad neonatal, estas obligaciones exigen bioseguridad, personal suficiente, insumos adecuados, vigilancia epidemiológica y protocolos que funcionan antes de la tragedia, no únicamente después.
Aquí aparece la contradicción.
Las autoridades aseguran que existen equipos, medicamentos, vigilancia activa y una política de “tolerancia cero” frente a la mortalidad evitable. Sin embargo, fue necesario intensificar los controles de higiene y bioseguridad después de detectar microorganismos multirresistentes en 15 recién nacidos. Si los protocolos estaban vigentes, corresponde explicar dónde fallaron, cuándo comenzó la circulación bacteriana y si alguna muerte pudo evitarse.
¿Quién gana cuando la investigación permanece exclusivamente bajo control de las instituciones responsables de administrar el centro? Gana la opacidad y se protege la versión oficial. ¿Quién pierde? Pierden las familias, el personal sanitario que trabaja bajo condiciones posiblemente deficientes y una ciudadanía que ya desconfía de las estadísticas institucionales.
No debe confundirse prudencia con silencio ni una coincidencia microbiológica con causalidad automáticamente demostrada. La presencia de bacterias no prueba por sí sola responsabilidad médica o administrativa. Precisamente por eso resulta necesaria la comisión técnica independiente solicitada por las sociedades de Neonatología y Pediatría: para auditar expedientes, procesos clínicos, infraestructura, insumos, bioseguridad y responsabilidades sin conflictos de interés.
La posición de Editorial Contraflujo es clara: las explicaciones preliminares del SNS son necesarias, pero insuficientes. El país necesita una auditoría externa, resultados públicos, responsabilidades individualizadas y un plan nacional de revisión de las UCIN. No se trata de buscar culpables por presión mediática, sino de encontrar fallas demostrables para impedir que vuelvan a matar.
Las familias de los niños fallecidos pueden demandar a la Maternidad de la Altagracia y al Estado por Responsabilidad Patrimonial, según lo establece el artículo 148 de la Constitución. No se trata de lamentar, ya esto ha pasado en octubre de 2014, en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral fallecieron 11 niños durante un solo fin de semana, vinculando varios de los decesos a deficiencias críticas como la falta de suministro de oxígeno.
De igual manera en el año 2014 en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, fallecieron seis (6) recién nacidos debido a fallas eléctricas y apagones. Si una sola muerte es demasiado, como afirmó la vicepresidenta Raquel Peña, ¿por qué todavía no se ha aceptado una investigación plenamente independiente?
