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RESUMEN
Cuando falla el control, la niñez paga las consecuencias
La suspensión de 14 proveedores del desayuno y almuerzo escolar por parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil no puede ser leída como un simple trámite administrativo. No estamos ante una irregularidad menor, ni frente a un expediente más dentro del pesado archivo de la burocracia pública. Estamos ante un hecho que toca una fibra profundamente sensible: la alimentación de los niños dominicanos y la obligación indeclinable del Estado de proteger su salud, su dignidad y su vida.
El caso adquiere mayor gravedad porque la medida se produce después de que 68 estudiantes de un centro educativo de Santiago resultaran afectados tras ingerir leche del desayuno escolar. Ese dato, por sí solo, debe estremecer la conciencia nacional. Cuando un niño se intoxica en una escuela pública, no falla únicamente un suplidor; falla una cadena completa de control, supervisión, inspección, contratación, fiscalización y responsabilidad institucional.
Las irregularidades señaladas son alarmantes: cocinas desmanteladas o no localizadas en las direcciones declaradas, diferencias entre la capacidad instalada presentada y la capacidad realmente comprobada, incumplimientos de Buenas Prácticas de Manufactura, deficiencias sanitarias, infraestructura insuficiente, equipos inadecuados y establecimientos sin evidencias de producción ni controles documentales. Todo esto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo lograron esos proveedores avanzar en procesos de contratación pública destinados a alimentar niños?
El problema no se resuelve únicamente suspendiendo contratos. Esa medida puede ser necesaria, pero no suficiente. El país necesita saber quién inspeccionó, quién verificó, quién aprobó, quién recomendó, quién adjudicó y quién permitió que empresas con aparentes debilidades operativas llegaran hasta un programa tan delicado como la alimentación escolar.
Aquí no basta con hablar de “irregularidades”. La palabra puede sonar técnica, pero detrás de ella hay niños, familias, escuelas y una sociedad que confía en que el alimento servido en las aulas cumple condiciones mínimas de calidad e inocuidad. La alimentación escolar no es un negocio cualquiera: es una política pública de protección social, permanencia educativa y justicia alimentaria.
Por eso, las investigaciones deben profundizarse. CONANI, el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección General de Contrataciones Públicas y los órganos de control deben actuar con rigor. Si hubo negligencia, debe establecerse. Si hubo falsedad documental, debe perseguirse. Si hubo complicidad, debe sancionarse. Y si las empresas no cumplen las condiciones legales, técnicas y sanitarias, la respuesta no debe limitarse a cancelar contratos: debe evaluarse la inhabilitación correspondiente y la cancelación del registro de proveedores cuando proceda.
El artículo 228 de la Ley núm. 47-25, citado como base para posibles sanciones, coloca sobre la mesa una consecuencia seria: la inhabilitación temporal de cinco a diez años. Esa sanción no debe verse como exceso, sino como un mensaje institucional mínimo frente a hechos que pudieron derivar en consecuencias mucho más graves.
Porque imaginemos, aunque duela hacerlo, que alguno de esos niños hubiese fallecido. ¿Estaríamos hablando todavía de simples irregularidades? ¿O estaríamos exigiendo responsabilidades penales, administrativas, civiles e institucionales con todo el peso de la ley?
La República Dominicana no puede normalizar que los controles lleguen tarde. En materia de niñez, fiscalizar después del daño es admitir que el sistema falló. El Estado no puede esperar intoxicaciones para descubrir cocinas inexistentes, capacidades ficticias o condiciones sanitarias deficientes.
Contraflujo lo plantea con claridad: cuando falla el control en la alimentación escolar, no solo se incumple un contrato; se pone en riesgo la salud y la vida de la niñez.
La protección de los niños no admite improvisación, favoritismo ni negligencia. Cada ración servida en una escuela debe estar respaldada por transparencia, supervisión efectiva y responsabilidad pública. Porque alimentar a un niño no es simplemente cumplir una licitación: es honrar una promesa del Estado con el futuro de la nación.