Caso SENASA, ¿y los implicados que faltan?

En los últimos días, han llegado a nuestras manos informaciones preocupantes remitidas por la Asociación Nacional de Afiliados al Sistema de Seguridad Social (ASONAFISS), entidad presidida por Joel Rodríguez, mediante las cuales se solicita formalmente al Ministerio Público que amplíe, profundice y agote hasta las últimas consecuencias las investigaciones relacionadas con el presunto desfalco millonario que afecta de manera directa a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), es decir, a la salud, la dignidad y el bienestar de la población.

Según las informaciones suministradas por ASONAFISS, este hecho no puede ser leído como un simple episodio de corrupción administrativa. Estamos, según los datos preliminares divulgados, ante un robo de proporciones dantescas, en el que se señala al Dr. Santiago Hazim y a una red estructurada que, presuntamente, habría sustraído alrededor de RD$15,000 millones.

En ese sentido, ASONAFISS advierte que la investigación no puede limitarse a los nombres que ya circulan ni a los imputados inicialmente identificados. Por el contrario, reclama que se indague de forma rigurosa a todos los actores que, presuntamente, habrían participado o se habrían beneficiado de este entramado, incluyendo, una red de farmacias, ARS, clínicas, laboratorios y médicos. Este desfalco, sugiere complicidades, encubrimientos y beneficiarios múltiples.

ASONAFISS ha sido enfática en señalar que, este caso ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad. En ese sentido, miles de personas perdieron las vida, enfermedades agravadas, tratamientos interrumpidos y familias arrastradas a la precariedad. En esa misma línea, sostiene que cualquier salida procesal debe garantizar no solo la recuperación del dinero, sino también cárcel para todos los implicados. Port tales razones, ASONAFISS, reclama no solo la devolución de lo sustraído, sino también cárcel, la sociedad necesita justicia, la salud no se negocia.

Finalmente, ASONAFISS fundamenta su actuación en el derecho de petición y en los deberes constitucionales de la ciudadanía, invocando los artículos 22.4 y 75.12 de la Constitución, este último al establecer como deber fundamental el de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. En virtud de ello, hace un llamado firme y directo a la Procuraduría General de la República y al PEPCA para que realicen una investigación más amplia, más profunda, más integral, que no se conforme con los primeros hallazgos ni con los primeros nombres.

Fuente: el Caribe