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RESUMEN
El artículo 48 de la Constitución de la República Dominicana consagra el Derecho a la Seguridad Social como una garantía irrenunciable de todo ciudadano. En esa misma línea, la Ley No. 87-01 que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece que todo afiliado tiene el derecho a realizar un (1) traspaso anual de una AFP a otra, siempre que haya cumplido con al menos seis (6) cotizaciones. Este derecho, lejos de ser una concesión, es una conquista ciudadana que protege la libertad de elección y la búsqueda de mejores condiciones para el retiro digno.
No obstante, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), en franca violación a este mandato constitucional y legal, ha mantenido en vilo a más de tres mil (3,000) afiliados que, cumpliendo todos los requisitos, aún esperan ,sin explicación válida, la autorización de sus respectivos traspasos. Según la Resolución SIPEN No. 194-2024, el artículo 4 establece claramente que el proceso de aprobación no debe exceder los treinta (30) días calendario. Sin embargo, ese plazo se ha convertido en una burla burocrática, en un limbo que pisotea los derechos de los trabajadores dominicanos.
La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (ASONAFISS) ha levantado la voz: el monto paralizado en estos traspasos supera los cien mil millones de pesos (RD$100,000,000). ¿Qué se oculta detrás de esta inaceptable dilación? ¿Qué manos están moviendo los hilos del silencio y la inacción? ¿A quién beneficia este bloqueo?
Exigimos a la SIPEN rendir cuentas, explicar las razones de este retraso y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de la ley. No se trata solo de números. Se trata de la dignidad de miles de trabajadores que ven frustradas sus decisiones, se trata del respeto a la Constitución, y de una institución que no puede seguir jugando con el futuro de los dominicanos. Asimismo, exigimos al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y a la Dirección de Defensa de los Derechos de los Afiliados (DIDA), realizar una investigación acerca de las situaciones que se están dando con los retrasos de los traspasos de AFP.
El derecho a elegir no se negocia. El silencio institucional no puede ser la respuesta. ¡Basta ya!
