Ejecuciones Extrajudiciales y Estado Democrático de Derechos

Por: Wilson Tolentino

Las ejecuciones extrajudiciales se han constituido en una afrenta a la democracia liberal, puesto que cada día ciudadanos en desigualdad social pierden la vida a manos de agentes de la Policía, quienes deliberadamente deciden quien vive y quien muere en su agenda de la muerte, imponiendo la ley de la arbitrariedad criminalizada a la ley de la razón y la civilización democrática.

En nuestro país, los hechos de sangre en que perdieron la vida varios ciudadanos a decir de las autoridades policiales en conflicto con la ley penal es solo una página de un glosario indeterminado de muertes violentas en ausencia de proceso judicial, imponiéndose la ley de la muerte en la sombra de una deficiente respuesta del Estado para armonizar su política criminal.

La Constitución garantiza el derecho a la vida y al debido proceso según reglan las disposiciones de los artículos 37 y 69; pero en materia de política criminal reina la anarquía de los gatilleros, caracterizada por varias reformas policiales con resultados inocuos, independientemente de los programas de formación y las autoridades que han participado en ello; amén de los recursos económicos autorizados por el gobierno central y las agencias de desarrollo de varios países que han intervenido para contribuir en la solución del problema.

Las ejecuciones extrajudiciales acometidas por la Policía Nacional son un patrón de violación al derecho a la vida y al debido proceso, ante la indiferencia de la sociedad civil, que solo prende las alarmas cuando ocurren ejecuciones masivas como ocurrió en Santiago recientemente y, sobre todo por lo que se ha denominado daños colaterales cometido contra personas que eran extraños a la sentencia de muerte, como si los presuntos masacrados no fueran seres sino desechos humanos; pero frente al día a día de casos continuos de homicidios deliberados amparados en una supuesta peligrosidad que ni los propios escuadrones de la muerte están en condiciones de explicar, la pregunta obligada es hasta cuando habrá que esperar para garantizar un estado eficaz de derecho.

En conclusión el problema de las ejecuciones extrajudiciales no es una moda, sino una política a lo interno del órgano policial que cada día se renueva, que para ser erradicada debe operar un cambio en la política pública preventiva del delito y un cambio que altere los valores de humanidad, en una institución caracterizada por la deshumanidad, y solo con una cruzada nacional que desnude el problema e instaure un régimen de consecuencias que sea la regla y no la excepción y que obligue a compromisos de las autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y la sociedad civil; de modo que no se acuerden del problema cuando opere una masacre, sino que sea un ejercicio constante de supervisión de los protocolos y procedimiento para cambiar la mentalidad de la muerte por la garantía de la vida y por el respeto a los derechos humanos y al debido proceso de ley, reivindicando los valores democráticos y la dignidad humana. protocolos y procedimiento para cambiar la mentalidad de la muerte por la garantía de la vida y por el respeto a los derechos humanos y al debido proceso de ley, reivindicando los valores democráticos y la dignidad humana.