¿Quién protege al pueblo? El CNSS, entre el deber legal y la sumisión a intereses privados

¿Quién protege al pueblo? El CNSS, entre el deber legal y la sumisión a intereses privados

Resulta insólito, casi grotesco, que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) —órgano creado para proteger los derechos de los trabajadores dominicanos— haya terminado siendo, en la práctica, un escudo legal para las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de Fondos de Pensiones (AFP), en detrimento de los propios afiliados.

La Ley No. 87-01, en su artículo 21, establece la existencia del CNSS como el órgano superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Su propósito no deja lugar a dudas: según el artículo 22, literal a, está llamado a establecer políticas que garanticen «la protección integral y el bienestar general de la población», promoviendo la equidad, la solidaridad y la reducción de la pobreza, entre otros fines nobles.

Sin embargo, la realidad es otra. Las acciones del CNSS contradicen de forma alarmante el mandato legal que le dio vida. En lugar de proteger a los afiliados, este organismo ha aprobado resoluciones que vulneran sus derechos fundamentales. Ahí están como prueba las Resoluciones 186-01 y 268-06, declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC-0405-19. Y recientemente, la historia se repitió con la Resolución 569-03, también anulada por el Tribunal en la sentencia TC-0305-25.

¿Cómo explicar que el órgano responsable de garantizar justicia social en el sistema de salud y pensiones se haya convertido en un generador de normas ilegales? ¿Cómo tolerar que las decisiones del CNSS terminen beneficiando a grandes corporaciones privadas, mientras millones de trabajadores enfrentan trabas, negaciones de servicios y una protección precaria?

Lo que estamos presenciando no es un simple error técnico o administrativo. Es una traición al espíritu de la ley y a la confianza del pueblo dominicano. Un órgano creado para ser garante de derechos ha cruzado la línea hacia la complicidad estructural con intereses económicos que ven la salud y la vejez no como derechos, sino como negocios.

Hoy más que nunca, urge una revisión profunda del rol del CNSS. Es momento de exigir transparencia, responsabilidad y, sobre todo, coherencia con el mandato constitucional y legal que lo rige. Porque en un país donde las instituciones públicas no cumplen su función, la democracia se debilita, la justicia se desvanece y los ciudadanos quedan a merced de un sistema que, en lugar de cuidarlos, los abandona.