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RESUMEN
Cuando un funcionario desvía un millón de pesos del presupuesto público, ¿a quién le está robando realmente?
La respuesta habitual es que le roba al Estado. Pero el Estado no es una bóveda repleta de dinero sin propietario. Cada peso público procede del esfuerzo de ciudadanos que pagan impuestos y debe regresar a la sociedad mediante servicios, infraestructuras y políticas destinadas a satisfacer necesidades colectivas.
Por eso, quien roba recursos públicos posiblemente le quita medicamentos a un paciente, un aula digna a un niño, agua potable a una comunidad, seguridad a un barrio o una oportunidad de progreso a un joven. La corrupción convierte derechos reconocidos en necesidades desatendidas.
Su gravedad no puede reducirse al monto sustraído. También existe un costo de oportunidad: todo aquello que el Estado dejó de hacer porque una parte de sus recursos terminó financiando beneficios particulares.
Una carretera sobrevaluada no es simplemente una irregularidad registrada en un expediente. La diferencia entre el precio razonable y el monto artificialmente incrementado pudo utilizarse para construir escuelas, equipar hospitales, mejorar viviendas o financiar programas sociales. El daño no termina en el dinero pagado indebidamente; se extiende a las obras y servicios que nunca llegaron a materializarse.
La corrupción pública también representa una desviación del poder. Los funcionarios reciben autoridad, competencias y recursos para servir al interés general. Cuando utilizan esas facultades para enriquecerse, favorecer relacionados o consolidar redes de privilegios, transforman el servicio público en negocio privado.
El artículo 146 de la Constitución dominicana proscribe la corrupción en los órganos del Estado. Sin embargo, declarar constitucionalmente intolerable una conducta no garantiza su erradicación. Para combatirla se necesitan prevención, transparencia, fiscalización, investigación independiente, recuperación de los bienes sustraídos y sanciones efectivas.
Podemos crear nuevos delitos y aumentar las penas. Pero una legislación rigurosa pierde fuerza cuando la posibilidad de impunidad continúa siendo mayor que la probabilidad de sanción. Un Estado de derecho no se fortalece por la cantidad de años de prisión escritos en sus códigos, sino por su capacidad para aplicar las reglas sin privilegios ni excepciones.
También sería un error atribuir toda la responsabilidad al funcionario que recibe dinero ilegalmente. La corrupción funciona como un ecosistema. En él participan empresarios que ofrecen sobornos, intermediarios que facilitan operaciones, profesionales que diseñan mecanismos de ocultamiento y estructuras societarias utilizadas para esconder a los verdaderos beneficiarios.
Perseguir únicamente al servidor público permite que una parte esencial de ese engranaje permanezca intacta. La respuesta estatal debe alcanzar a todos los actores que planifican, ejecutan, financian u ocultan las operaciones corruptas.
Tampoco puede aceptarse que la lucha contra la corrupción sea utilizada como un arma circunstancial del debate partidario. Quien denuncia con firmeza los actos del gobierno adversario, pero guarda silencio ante las irregularidades cometidas por dirigentes de su propia organización, no está defendiendo principios. Está administrando la indignación conforme a sus intereses.
El patrimonio público no tiene color partidario. Pertenece a todos.
La corrupción produce, además, un daño institucional difícil de reparar. Cuando la ciudadanía percibe que algunas personas pueden utilizar el Estado para enriquecerse y permanecer impunes, mientras a la mayoría se le exige cumplir rigurosamente la ley, comienza a quebrarse la confianza en las instituciones.
Esa fractura erosiona la legitimidad democrática. Votar cada cuatro años pierde parte de su significado cuando la ciudadanía renuncia después a vigilar el presupuesto, examinar las contrataciones, exigir rendición de cuentas y reclamar consecuencias.
La democracia no termina cuando cierran las urnas. Continúa cada vez que una sociedad pregunta cómo se utilizan sus recursos y quién responde cuando son desviados.
La pregunta central, entonces, no es solamente cuánto dinero pierde anualmente el Estado por causa de la corrupción. Existe otra dimensión más profunda: ¿cuántas oportunidades, derechos y vidas dignas pierde una sociedad cuando los recursos destinados al bien común terminan financiando privilegios privados?
La corrupción vacía hospitales, deteriora escuelas, encarece obras, profundiza desigualdades y debilita instituciones. Pero puede provocar algo todavía más peligroso: convencer al ciudadano de que exigir honestidad ya no vale la pena.
Cuando una sociedad pierde esa esperanza, el daño deja de ser exclusivamente económico. Se convierte en una amenaza directa contra la democracia.
CONTRAFLUJO
Pensar contra la corriente