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RESUMEN
Después de más de dos largas décadas de debates intensos en el Congreso Nacional y en la sociedad civil, marcados por las controversias en torno a las tres (3) causales del aborto, el pasado 3 de agosto el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la Ley No. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.
Este acontecimiento no es un hecho cualquiera: significa dejar atrás un código que data del año 1884, con 141 años de vigencia. Durante más de un siglo y cuatro décadas, la República Dominicana se rigió por una norma que, aunque en su momento resultó avanzada, hoy se ha tornado anacrónica, incapaz de dar respuesta a los profundos cambios sociales, tecnológicos y criminales que caracterizan al Siglo XXI.
El nuevo Código Penal, con sus luces y sombras, representa un paso adelante, en su articulado se tipifican cerca de setenta (70) nuevos delitos inexistentes en el código anterior, consagrando catorce (14) principios inspirados en la Constitución, en tratados internacionales de derechos humanos y en leyes especiales. Este avance refleja una clara intención de modernizar la justicia penal dominicana.
Sin embargo, algunas disposiciones preocupan profundamente, pues de mantenerse podrían generar perturbaciones sociales de consecuencias imprevisibles y hasta violar derechos constitucionales y convencionales. Tal es el caso del artículo 136 sobre la actividad sexual no consentida en la relación de pareja, o figuras penales que atentan contra la libertad de expresión, como la difamación (art. 208), la injuria (art. 210) y el ultraje contra funcionarios públicos (art. 310). Estas tipificaciones, más que fortalecer la justicia, podrían convertirse en instrumentos de represión y censura.
En conclusión, la Ley No. 74-25 es sin duda necesaria y representa un paso trascendental hacia un sistema penal más acorde con nuestra realidad. Pero este proceso no termina aquí. El período de vacatio legis, es una oportunidad para abrir espacios de diálogo inclusivo, donde participen universidades, medios de comunicación, operadores jurídicos y la sociedad civil en general.
Finalmente, reconocer y saludar la iniciativa del Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Fundación Justicia y Transparencia, en la persona de su presidente Trajano Vidal Potentini Adames, quien, junto a Francisco Antonio Manzano Rodríguez, en tiempo récord, han facilitado la edición en formato físico y digital del nuevo Código Penal. Ellos representan la convicción que las leyes no solo deben promulgarse, sino también acercarse a la ciudadanía.
Por: Máximo Calzado Reyes
