Proyecto de Ley de Alquileres: ¿Y el derecho de propiedad, quién lo protege?

La Cámara de Diputados ha aprobado recientemente un proyecto de ley que busca regular los contratos de alquiler entre propietarios e inquilinos. Aunque la intención puede parecer justa a simple vista, el contenido de esta propuesta plantea serias preocupaciones, especialmente para quienes, con mucho esfuerzo, han invertido su vida en levantar una propiedad. El proyecto contempla penas de hasta cinco años de prisión y elevadas multas para aquellos propietarios que intenten recuperar su inmueble sin seguir el procedimiento judicial establecido.

Estamos completamente de acuerdo en que todo proceso debe respetar las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva, consagradas en el artículo 69 de nuestra Constitución. Pero, ¿acaso el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 51, queda relegado a un segundo plano? ¿Quién defiende al dueño cuando un inquilino pasa meses, incluso años, sin pagar un centavo y se niega a salir del inmueble? ¿Qué pasa cuando, con descaro, algunos inquilinos usan artimañas para intentar apropiarse de lo que no les pertenece?

Es evidente que la relación entre propietarios e inquilinos necesita regulación, pero una ley justa debe establecer un equilibrio real, no una asimetría que penalice al que construyó y proteja al que incumple. El principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 39, debe ser una base firme para que ambos actores tengan las mismas consecuencias si fallan: si el propietario se expone a cárcel y multas, ¿por qué no el inquilino moroso?

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se criminaliza al ciudadano trabajador que, dejando de lado sus propias necesidades, ahorró peso a peso para levantar una vivienda que hoy corre el riesgo de perder. No es justo, no es lógico y mucho menos constitucional que el sacrificio de años se vea pisoteado por una legislación que, en nombre de la justicia, termina amparando la injusticia.

¿Quién protege al que construye? ¿Quién alza la voz por los propietarios? Con este proyecto, más que ordenar, estamos institucionalizando el abuso. Y eso, sencillamente, es inaceptable